Rechazamos el aval al accionar represivo de la policía y el anuncio acerca de una nueva reforma en el Código Procesal Penal realizados por el gobernador en la apertura del 43 período ordinario de sesiones legislativas
En medio del discurso por la apertura del período 43 de sesiones legislativas, el gobernador de Neuquén anunció que pretende para este año una nueva reforma en el Código Procesal Penal que brinde “más herramientas a los jueces para que dicten prisión preventiva”, cuestión que desde Zainuco traducimos como una mayor rigurosidad y legitimidad en los casos de criminalización de la juventud y de la pobreza.
Jorge Sapag, quien se definió alegre por dos dictámenes del Juzgado de Garantías en el día anterior, prefirió no hablar de la prisión preventiva que se ratificó a uno de sus policías en la misma fecha por haber asesinado a un joven de 19 años en julio del 2012. Sin embargo, sí se refirió a otros dos homicidios. Esto deja en evidencia a qué sector va dirigida la reforma que, según aclaró, “no es una pena anticipada”, pese a que desde Zainuco lo consideramos una vulneración a los derechos de todas las personas.
“La libertad allí, mientras está siendo procesado, juega en contra de la investigación y juega en contra de los intereses de los ciudadanos. Porque el ciudadano siente repudio, siente que hay impunidad, siente que hay injusticia cuando el procesado por un hecho grave o violento se da a la fuga o no se somete al dictado de la justicia. Y muchas veces, repito, estamos hablando de delitos graves, la libertad del imputado de delitos violentos es un peligro para la seguridad de la sociedad, para la víctima, para su grupo familiar. Pone en riesgo la paz social, que es el objetivo primordial de la justicia penal”, dijo el gobernador neuquino y más adelante agregó: “creo que tenemos que ser más severos, no ultragarantistas ni proteccionistas” argumentando que, si no, “vamos a llegar al ejercicio de la justicia por mano propia”.
Durante su perorata, Sapag también se refirió de forma positiva a la actuación de la institución policial, la misma que abusa cotidianamente de chicas y de chicos en los barrios, en las comisarías y en las cárceles. Prometió que habrá más presencia y más capacitación, así como cámaras de “seguridad”.
En relación a esos abusos, el gobernador dispuso que “si hay razones y pruebas contundentes acerca de irregularidades del accionar de la policía, me parece bien que se haga la denuncia y nosotros tenemos un sistema que funciona muy bien donde hay bajas y altas todos los días en la Policía Provincial, el que no cumple con los reglamentos, con las leyes, con el respeto de los derechos, es excluido de la fuerza policial” y discriminó que “cuando un policía interviene lícitamente, en defensa propia y de los derechos de la sociedad ingresando a una casa que estaba siendo invadida por dos delincuentes, recibiendo un balazo en la cara y respondiendo a ese ataque artero no puede ser titular de diario la descalificación de la Policía Provincial”, ejemplificando claramente con el homicidio policial del joven de 19 años el pasado 23 de febrero y legitimando los hechos que terminaron con la pérdida de una vida y con la internación de otro pibe que aún permanece con una bala estatal alojada en la cabeza.
Se olvida el gobernador que los abusos policiales no son simples irregularidades sino que son prácticas estructurales de la fuerza policial. Prácticas policiales cuyas condiciones de posibilidad están dadas desde las mismas leyes y reglamentos (que normativizan detenciones arbitrarias como las originadas por la averiguación de antecedentes) hasta por la impunidad que el Poder Judicial garantiza, con bastos beneficios, incluso a aquellos policías que han logrado ser condenados, como respuesta a la lucha en las calles.
La mayor presencia policial, la distribución en cuadrillas, el aumento de equipamiento, son técnicas que fijan pautas a la intervención policial, en una clara respuesta a la demanda de seguridad de una “ciudadanía” que el propio gobierno se encarga de determinar en su contenido. El aumento de policías en las calles no hace más que reproducir la exclusión social y la división de la ciudad en territorios de “ciudadanos” y territorios de “delincuentes”, como sucede de manera notoria en la ciudad de Neuquén con el “oeste neuquino”.
Al abocarse en su discurso a la “prevención del delito”, sin dar cuenta de las condiciones macrosociales que lo generan, se vislumbra cómo desde el mismo discurso político se reproduce la selectividad que la política criminal engendra: se considera delincuencia a combatir a los delitos callejeros no dando ni mención ni respuesta a los delitos conocidos como de «cuello blanco» o económicos, cometidos por aquellos sujetos que el gobernador denomina ciudadanos.
Los dichos del Gobernador se encuentran en consonancia con el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su propuesta de una normativa para condenar los cortes de ruta y de calles y con su repudio a la jornada de lucha nacional por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, lo que pone de manifiesto el endurecimiento de las políticas represivas ante el aumento de la conflictividad social que tiene lugar a partir de las políticas a nivel nacional y provincial que generan mayor exclusión y empobrecimiento de los sectores populares. Endurecimiento que toma como antecedente inmediato el aumento que el ejecutivo provincial otorgó a la Policía Provincial en diciembre pasado, y con la capacitación que el FBI comenzó recientemente a brindar a fiscales y policías, principales actores de la política represiva.
Desde Zainuco rechazamos por completo las palabras de Jorge Sapag en su discurso y más aún la presentación del proyecto que pretende que se trate en la Legislatura durante este período. Entendemos que la prisión preventiva es una herramienta más para seguir “limpiando los barrios” de quienes “molestan”, tal como sucedió hace pocos días en Villa Ceferino con el asesinato de Elías o como sucede día a día con quienes van a parar a las cárceles que, recordamos, están pobladas únicamente por un sector social. Destacamos también que no son las y los acusados por la justicia quienes ponen en riesgo la “paz social” en los barrios, sino las y los que según las normas burocráticas por las que los gobiernos se rigen están para garantizarla, pero sin embargo desencadenan los mismos hechos que en este discurso celebró.
A tres días de su discurso, la policía responde. Anoche, en el barrio Almafuerte II, en medio de los festejos de carnaval, efectivos de la Comisaría 18 reprimieron el festejo, tirando balas, hiriendo a niñxs, jóvenes y adultos que se encontraban festejando. 7 pibes fueron detenidos. La policía justifica su accionar, con el guión que el Gobernador dá. Pelea entre bandas, enfrentamientos, «reducción de delincuentes» sostiene el discurso policial, devenido en mediático. Discursos que no hacen más que legitimar el accionar policial, al tiempo que estigmatizan a los pibes del Oeste como sujetos peligroso de los cuales se debe proteger a la sociedad.
Un pibe o una piba en la cárcel, también es un pibe menos.
ZAINUCO
Zainuco NQN 